La mala educación

Ignacio Ruiz: Desapariciones. Sin datación. Colección del autor.

Fue en el periódico Crónica de la por entonces ya sitiada ciudad de Buenos Aires, a fines de Diciembre de 1975, que los lectores husmearon, sin que despertara mayor interés, una solicitada firmada por el más que prestigioso anciano Jean-Paul Sartre, la escritora Simone de Beauvoir, el hispanista Pierre Vilar (cuya Historia de España, prohibida por el franquismo, es la mejor lectura sobre el pasado de la nación más extensa de esa península) y el sociólogo Alain Touraine, entre otras suscripciones menos reconocidas, exigiendo “respeto a la vida y a la integridad física del Doctor Roberto Quieto y su puesta a disposición de las autoridades judiciales pertinentes.” Los intelectuales firmantes se solidarizaban con un pedido de la madre de Quieto, Josefa Argañaraz, testigo del secuestro de su hijo el día 28 del último mes de ese año, unos tres meses antes del inicio del reinado militar. Quieto había sido fundador de las FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en las postrimerías de los sesenta; al someter su creación a la égida de la agrupación Montoneros, conducida sin apelaciones por el tortuoso Mario Firmenich, Roberto Quieto había consentido, con toda seguridad ingenuamente, su propia destrucción: a poco de su desaparición, Firmenich, en similitud con los juicios de Stalin en Moscú con dilatada anticipación de cuatro décadas, presionó para que la cúpula de sus dirigidos condenara a la degradación y a la muerte a Roberto Quieto, bajo la acusación de negligencia operativa y de suministrar información al enemigo; en otras palabras, de no resistir estoica y permanentemente la tortura. Firmenich se desembarazaba así de un rival intelectual y humanamente muy superior a su propia persona (aun cuando su metodología revolucionaria no descartara la violencia), y a un vaticinador del fracaso y la aniquilación de las cofradías resistentes argentinas, en tanto éstas se alejaran de la política y se deslizaran hacia la militarización, campo en el cual no había competencia posible con los ejércitos regulares. Contrasta la severidad del locuaz Firmenich con la bonachona y entristecida comprensión de Jorge Luis Borges, quien en un fragmento de su texto Lunes, 22 de Julio de 1985, dictado durante la apesadumbrada continuación a oír las declaraciones del testigo Víctor Basterra, mantenido en cautiverio por cuatro años en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el transcurso del juicio a las juntas militares, se lamentara de este modo: “Bajo el suplicio, había delatado a sus camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas “sesiones” cualquier hombre declara cualquier cosa.

Fernando Botero: Monseñor, 1996. Colección privada.

La madre de Roberto Quieto, Josefa, era maestra. En razón de su edad, es de suponer, avanzada al instante del tormento de su hijo (Quieto había nacido en 1938), probablemente no fue perjudicada por la sanción de una disposición absurda: la abolición, por parte de decreto de la junta militar, del Estatuto del Docente, promulgado en Septiembre de 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi a través de la Ley 14.473.  Se ha analizado superficialmente en este sitio el dudoso valor de una reglamentación grata a la época de persecución de la militancia peronista (La muerte de un rey, 17 de Octubre de 2010) y la sinuosa contradicción que empañara la gestión de Frondizi: en perpetua capitulación ante las exigencias de la Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, Frondizi estipuló en el Estatuto del Docente el espaldarazo al surgimiento (con apoyo económico del Estado nacional) de las universidades privadas de índole confesional y un requerimiento que sentaría precedente como forma rigurosa de control ideológico y hasta de la relajación de costumbres para dar cabida a la promoción jerárquica de un docente: los concursos de títulos, antecedentes y oposición. Era sabido que Frondizi ejercía cierto predominio en cuestiones de política exterior y búsqueda de inversiones; no así en lo que toca a los asuntos internos y a la ominosa sombra del Episcopado: el conflicto entre las formas de enseñanza laica y libre (en otras palabras, católica) se dirimió en favor de esta última con el apoyo del pusilánime mandatario, aun a costa de la enemistad con su hermano Risieri, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Los artículos 19 y 20 de la Ley 14.473 otorgan al docente argentino estabilidad laboral, en cumplimiento del mandato impuesto por al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, aunque haya sido éste el documento que más vejámenes ha sufrido en la dolorosa historia argentina: “Artículo 19: El personal docente comprendido en el presente estatuto tendrá derecho a la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones morales, la eficiencia docente y la capacidad física necesarias para el desempeño de las funciones que tiene asignadas.” Huelga aclarar que la buena conducta y las condiciones morales implicaban corrección en los hábitos sexuales tanto como en los políticos; tal ley, si bien adjudicaba al trabajador un hilo de seguridad jurídica, era, y a tal efecto el mecanismo de los concursos así lo confirmaba, una maquinaria de vigilancia.

Ernesto de la Cárcova: Sin pan y sin trabajo, 1892-93. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

El gobierno presidido por Jorge Videla se esforzó, sin oposición posible, en ir más allá. El 29 de Marzo de 1976, tan sólo cinco días después del golpe de Estado, una disposición de la junta, la Ley 21.278, suspendía el Estatuto del Docente, entre otras medidas que favorecían a trabajadores de múltiples áreas,  excusándose con los siguientes pretextos: “Considerando que el Estatuto del Docente – que tiene vigencia desde 1958- ha sido elaborado sobre la base de pautas ideales y que, por diversas razones históricamente su aplicación ha sido siempre parcial… Que todo ello se ha proyectado en la práctica como un factor negativo en la organización del sistema educativo nacional y ha creado una situación de los cuadros docentes totalmente disfuncional…  Que debe dictarse el instrumento legal que facilite la consecución de los objetivos formulados en el punto 2.8 del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y que, en tal sentido, deben establecerse las disposiciones que permitan proceder en forma progresiva a la adecuación normativa en función de una coherente administración del personal…. Art. 1: Facúltase al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación para suspender total o parcialmente el Estatuto del Docente… Art. 2: … la estabilidad del personal docente dependiente de establecimientos de enseñanza privada. Art. 3: … el régimen laboral de profesores designados por cargo”. Ninguno de  los  Ministros de Educación de Videla, Ricardo Bruera (Marzo de 1976 a Mayo de 1977), Juan José Catalán (Junio de 1977 a Agosto de 1978) y Juan Rafael Llerena Amadeo (Noviembre de 1978 a Marzo de 1981) se avino a explicar en qué consistían las pautas ideales de la educación argentina y cuáles habían sido las razones de la aplicación parcial del Estatuto que no fueran de responsabilidad estatal. El someramente mencionado punto 2.8 del Acta fundacional del Proceso arroja algo de oscura luz sobre las intenciones castrenses: “Conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a las necesidades de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino.”

Si la Ley 21.278 anulaba el cuerpo legal al que el docente podía recurrir de sentirse amenazado por una injusticia y arrebataba al trabajador privado su estabilidad laboral, la Ley 21.274 posibilitaba la prescindibilidad de los empleados públicos sin sumario previo; para quien ocupaba una posición al frente de una institución educativa o de un aula, ya no había escapatoria. Cerrando el impiadoso cerco cuyas secuelas son padecidas aún hoy en el ámbito de la enseñanza, el Ministerio de Educación y Cultura quedaba facultado, por medio de la Ley 21.276 (en sentido estricto, de aplicación universitaria, pero usada en incontables ocasiones para apelmazar inquietudes en los ciclos primario y secundario) a resolver situaciones no previstas por la legislación, lo que equivalía, en términos llanos, a violarla cuantas veces fuera de su antojo.

Desplomado el régimen militar, el 31 de Diciembre de 1987 es puesto en vigor el nuevo Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a la Ley 10.579. La ciudad de Buenos Aires obtendría su reforma educativa a través de la Ley 24.049, la que a partir del 1 de Enero de 1992 transfería a las provincias y municipios los servicios educativos; el Estatuto Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denomina, escuetamente, Ordenanza 40.593. Es asunto de recurrente amargura, tanto institucional cuanto individual, que las autoridades argentinas se empeñen, con frecuencia y desvergüenza dignas de peores causas, en asumir la administración de la ley para, precisa y cínicamente, quebrantarla.

Hadrian Bagration

Pieter Bruegel el Viejo: Ciego guiando a otros ciegos, 1568. Galleria Nazionale di Capodimonte, Nápoles.

NB: Los lectores que hayan seguido la plomiza reproducción de los vaivenes con los que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires mantiene a los docentes a su cargo en estado de angustiada servidumbre pueden consultar la página oficial en la red de la entidad gremial capitaneada por Roberto Baradel, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el cual, en su apartado dedicado a la historia de la legislación docente, en un artículo sin firma, asevera, en un estilo algo informal: “LAS IDAS Y VUELTAS DEL ESTATUTO HASTA 1957: No existía un cuerpo orgánico que fijara derechos y deberes del educador. Se ingresa al sistema y se asciende a dedo. No están pautadas las condiciones laborales. 1957: Se impone por decreto-ley de la dictadura militar un Estatuto Docente. Refleja la concepción del educador que tenía ese gobierno: profesionalista, autoritario, verticalista. Concibe un sistema educativo de estructuras rígidas y anquilosadas, al que no penetró la realidad. Sin embargo, es un progreso. Una serie de derechos docentes se convierten en Ley. 1958: Se sancionó por decreto el Reglamento General de Escuelas. Mezcla deberes (no derechos) del docente con directivas para el funcionamiento de las escuelas. 1976: La dictadura militar deroga el Estatuto y suprime todos los derechos docentes.” Concuerdo con las críticas de Baradel a la ausencia de un cuerpo reglamentario, a las falencias que éste tuvo en el período que comenzó con Frondizi y a su conculcación durante la dictadura militar de 1976. Es paradójico entonces que el dirigente sindical no se solidarice con los miles de docentes a los que afirma representar y desea someter a concursos de títulos, antecedentes y oposición originados en una concepción legal profesionalista, autoritaria y verticalista, en tanto tales docentes han accedido a sus cargos directivos a través de exámenes conformes a la reglamentación establecida por la Ley 10.579 y, por lo tanto, no caprichosamente, o bien, como argumenta el anónimo articulista de Baradel, con quien coincido en forma total, a dedo. Curiosa contradicción inherente a la condición humana la que afecta al citado dirigente.

Hadrian Bagration

Enlace a las reflexiones de SUTEBA sobre la debida protección al trabajador docente:

http://www.suteba.org.ar/estatuto-del-docente-indice-214.html

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