La muerte de un rey

Busto en mármol de Calígula, ca. siglo I EC. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.

El más grande de los historiadores judíos de la Antigüedad, y quizás el más grande de los que ha proporcionado Israel, Flavio Josefo, consigna la populosa muerte del emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, a quien la Historia dio a conocer jocosamente como Calígula, como acontecida en alguno de los pasajes que reunían a las residencias imperiales del Palatino, en una Roma que se encaminaba hacia su apogeo, bajo los puñales de senadores y centuriones de la Guardia Pretoriana. Josefo asegura que el emperador murió luego de presenciar una obra de teatro  a cargo de un grupo de jóvenes intérpretes traídos del Asia.  Milonia Cesonia, cuarta esposa de Calígula, murió serenamente junto a la hija de ambos, Julia Drusila, de no más de dos años de edad. El ejército, que amaba a su jefe, tardó horas en vengarlo: ni uno solo de los conspiradores logró huir del verdugo. Para resguardar a la autoridad imperial de los frescos desvaríos de la oligarquía del Senado, Tiberio Claudio Druso, tío de Calígula por línea materna, oculto tras un cortinado esperando la muerte, fue en lugar de ello, como último varón sobreviviente de la dinastía Julio-Claudia, elevado a la púrpura. Calígula fue el único de los miembros de la familia que había demostrado respeto hacia el tímido intelectual que había constituido la figura de Claudio hasta ese feroz día de Enero cuando lo nombrara senador y cónsul. En homenaje a su sobrino y benefactor, Claudio ordenó colocar las cenizas de su antecesor en el imponente Mausoleo de Augusto, en el que permanecieron hasta que la Edad Media asomó. Con la majestad de los regentes del mundo romano  desaparecen Calígula y los suyos del universo de los vivos, en medio de la distinguida e inmortal tragedia de la poderosa sangre.  El más memorable de los relatos que reviven el lento designio de la extinción de Calígula es, a través del acertado comentario del clasicista Timothy Wiseman, indisputablemente, el de Josefo, el cual Wiseman recoge en su volumen Death of an Emperor (La muerte de un emperador), el decimonoveno libro de las Antigüedades Judaicas que la paciente autoría de Josefo legó.

Muy lejos del Palatino, al oeste de la breve ciudad de Neuquén, se yergue a medias, derrumbado por la pobreza a la que ha sido sometido por sucesivas negligencias políticas, el Centro de Enseñanza Media N° 69.  El barrio Cuenca XV, quizás el de tristeza más flagrante de todo Neuquén y cobijo de la escuela 69, fue diario testigo del trajinar de un hombre por cierto joven, de profesión técnico químico, a la sazón docente a fuerza del desempleo y de la vocación de enseñar y de sobrevivir por y para que el albur de su mujer y sus hijas fuese, al menos, aceptable. El 4 de Abril de 2007, poco antes del mediodía, el cabo primero de la policía de la Provincia del Neuquén José Darío Poblete, quien atesoraba dos causas penales en su contra al momento del estrago, pero continuaba en actividad, asesina al maestro Carlos Alberto Fuentealba de un disparo de granada de gas lacrimógeno en la nuca, no para ganar un imperio, sino porque se le ha revelado desde la altitud del poder que quien pelea por mejores condiciones de subsistencia y reclama una migaja de salario a cambio de la constante erosión de toda su vida merece, si se conduce con mansedumbre, la indiferencia y la burla; si insta a la desobediencia o a la rebelión, el tormento y la muerte. El asesinato de Fuentealba, acabó con las magras aspiraciones electorales del entonces gobernador Jorge Sobisch, quien había ordenado a la policía el desalojo de los maestros en huelga de lo que debiera ser el adusto territorio de la Ruta Nacional número 22. Carlos Fuentealba no se desangra en uno de los pasadizos de mármol de la augusta morada de los Césares, sino en el tosco asfalto entre las quietas localidades de Arroyito y Laguna del Toro, bautizada desde fines del siglo XIX Senillosa, en honor a los adquirentes de las tierras. Buena parte de la sociedad argentina, acostumbrada más que a ninguna otra cosa al regocijo del fútbol y a las imprecaciones en perjuicio de quienes poseen el fastidioso hábito de la protesta, observó el crimen con ojos bovinos, tal como si tuviese lugar en un film somnoliento.

Toda vida está cruzada por los ardores de la avaricia del azar. Entre los muchos oficios que mi simpleza ejerció se encuentra, torpe e inmerecidamente, el de la docencia. Quienes confiaron en mí para mejorar su educación habrán, desde hace ya mucho, olvidado mi deuda para con ellos; no así yo, que he sido testigo voluntario de penurias que no compartí: en el yaciente ámbito de la República Argentina la profesión de la docencia semeja, de modo cada vez más fiel, una condena. La mayoría de las administraciones provinciales y municipales mantienen una coherencia implacable respecto del abandono al que son acreedores los establecimientos educativos de índole pública, cuyas realidades pavorosas resultan una incógnita para quienes no se han internado en ellas, como lo son las guerras para los desavisados espectadores que se regodean con las cintas de acción bélica. El docente en la República Argentina ha dejado ya hace mucho de ser un funcionario público encargado de llevar el conocimiento al intelecto de alumnos cuyas necesidades básicas han sido incontestablemente satisfechas para involucionar a su pesar hacia la indefensión del estado de mero sostenedor de la fragilidad y el desamparo absoluto en el que son sumidos cientos de miles de niños y jóvenes en situación de emergencia desesperante, quienes suelen ver en ellos y en el personal de las escuelas bien la única protección en contra de familiares con intenciones inenarrables, bien una fuente de mínimo sustento, bien la solitaria oportunidad de ser escuchados durante unas cuantas horas que los separan de la violenta suerte cotidiana. El docente, antes referente de la comunidad en tanto su dedicación a distintos saberes, es hoy una salida de emergencia hacia una comida caliente, una golosina, la limpieza de una herida cuyo origen el infante no revelará y la eliminación de plagas que habitan cuerpos tiernos sin más recompensa, para el adulto, que la agresión, verbal y física, por parte de padres furibundos por razones menos que nimias, el riesgo de hallarse en medio de un enfrentamiento entre pandillas, la presencia de armas y drogas en los salones de clases, contra las que el docente sólo puede oponer el ruego, la destrucción del ámbito educativo, la carencia casi deliberada de recursos, la diaria catástrofe de no poder ignorar que su esfuerzo, en el cual su salud se seca como una raíz sin agua, será casi inútil de no mediar ángeles y milagros.

Richard Redgrave: The poor teacher, 1844. Victoria and Albert Museum, Londres.

El haber sido puesto en incrédulo conocimiento, ya remotos mis días ligados a la enseñanza, de un exotismo rayano en la crueldad, cuyo nombre, en la desapasionada jerga de los tecnicismos legales, es resolución 3169/09 del 21 de Octubre de 2009, la que cuenta con la firma del Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, y del Subsecretario de Educación de la misma jurisdicción, Daniel Belinche, acerca de la inminencia de someter a unos ochenta y cinco mil docentes en toda la extensión de la provincia más grande y poblada del país a la angustia de la inestabilidad laboral me apenó, aun cuando no me haya sorprendido. Sobran en la Nación Argentina ejemplos de colosales ingratitudes y de espantosos desmedros: si los profesionales de la salud, otra de las impagables deudas del Estado argentino para quienes se avienen a paliar los sufrimientos de la perjudicada llaneza del pueblo, son poco menos que temerarios y menesterosos fantasmas en las descarnadas nóminas de haberes, no otra cosa podía quedar reservada a los docentes. La precarización del trabajo, instalada, es posible pensarlo, en forma definitiva en la Argentina desde los cetrinos años de la presidencia de Carlos Menem, ha devenido un culto de profusos seguidores, quienes aducen no sólo la letanía de las razones presupuestarias, sino, en deshonrosa imitación de la neohabla orwelliana, en la cual el individuo era desguazado por el Estado para su propio bien, tal conculcación de los derechos básicos de un trabajador se efectúa en aras de su capacitación y del perfeccionamiento de la calidad educativa. Es arduo imaginar que la injusticia coloque sobre su rostro una máscara de hipocresía más rimbombante.

Jean-Baptiste Siméon Chardin: La jeune maîtresse, 1735. National Gallery, Londres.

Fue en el año 2005 que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires comenzó a implementar un proyecto de creación de escuelas medias, la Escuela Secundaria Básica, como remedio al desatino cometido en años de gestión desordenada bajo los preceptos de la Ley Federal de Educación N° 24.195 de 1993. Con fecha 1 de Abril de 2005, la resolución 1045/05 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires establecía, con ánimo de propiciar la inclusión educativa, tras meses de análisis, consultas y estudios, la puesta en marcha de un nuevo plan educativo (en rigor de verdad, el regreso a uno más antiguo y más apropiado) bajo la denominación de Educación Primaria Básica y Educación Secundaria Básica, englobadas en el concepto general de Educación General Básica. Asimismo, reconocía en uno de sus considerandos que la tarea supondría el involucramiento de numerosos establecimientos en forma simultánea, para lo cual era menester contar con personal educativo idóneo de modo casi inmediato. El artículo 5 de la resolución ordenaba “Establecer que la Dirección de Educación Secundaria Básica  organizará y  conducirá un proceso de transformación de las unidades educativas tendiente a la identificación del Tercer Ciclo como Secundaria Básica mediante la definición de equipos de conducción a través de procedimientos de selección estatutarios; normas de funcionamiento; régimen de convivencia, promoción y aquellas normativas que se consideren necesarias para el funcionamiento del ciclo.” Los procedimientos estatutarios a los que hace referencia la resolución quedaban refrendados por otros considerandos; en otras palabras, cubrir los cargos de dirección de las escuelas implicaba, como se lee en los estatutos, el llamado a concursos de oposición: “Que resulta necesario establecer una conducción que lleve adelante el funcionamiento de dichos Servicios Educativos atendiendo las cuestiones inherentes al rol; que la atipicidad de la situación no se encuentra prevista, requiriendo la adopción de medidas excepcionales hasta tanto se substancien los Concursos de Títulos, Antecedentes y Oposición para la designación de titulares en los cargos jerárquicos de los servicios a crearse.”

Nikolay Bogdanov-Belsky: Calculando con la mente, 1896. Colección privada.

Los concursos se llevaron a cabo durante ese año y buena parte de 2006. Fueron convocados por la disposición 001 con fecha 7 de Abril de 2005 de acuerdo a las resoluciones 300/005 y 1405/05 según el inciso 8 del Decreto 2485/92, modificatorio de la ley 10.579. Quienes accedieron a los cargos creados en virtud de la transformación de los planes educativos lo hicieron, y no es ocioso destacarlo, dentro de la más estricta adherencia a los estatutos y leyes que rigen la elevación a los diversos puestos de trabajo (no son otra cosa, a pesar de que la imaginación de ciertos sectores de la población, muy dados a las fantasías pecuniarias, sospechen del docente una existencia acomodada y regada de abundancia). Ejercieron y ejercen sus funciones dentro de la normalidad más dolorosa, la cual ya ha sido descripta con prescindencia de los detalles más tenebrosos en párrafos anteriores. El conflicto emana, al parecer, del carácter transitorio de los cargos que fueron cubiertos por el personal que se sometió a los concursos desde el instante de la reformulación de la Educación General Básica. Ese error, imputable a la imprevisión de un Estado (equivocación a la que se sumarían otras mayores, como se verá) desatento a las necesidades de quienes lo sirven y de a quienes sirve, provocará un galimatías legal que conducirá a una innecesaria y hasta rapaz confusión que obra en contra del trabajador y llega a enfrentarlo, en una sádica exhibición de apatía estatal y gremial, con sus pares.

La resolución 1405/05 es de plano defectuosa: “Que la Ley 10.579 y su Decreto reglamentario 2485/92 prevé la asignación de funciones jerárquicas transitorias y el reconocimiento de funciones a cargo  hasta tanto se substancien pruebas de selección.” Nada costaba, en razón de la masividad del cambio de un sistema a otro, considerar a los concursos que tuvieron lugar durante los años 2005 y 2006 como de acceso a cargos titulares a través de un decreto reglamentario modificatorio de naturaleza circunstancial; dado que ninguna autoridad parece haber sido agraciada con la luz de la inspiración técnico- legal, al menos debiera haberse ofrecido a la sufrida labor del docente el obsequio de la ausencia de ambigüedades ásperas: en su artículo décimo, la resolución 1405/05 alega que es preciso “Establecer que los docentes a quienes se les ofrecerá la asignación de funciones no deben hallarse inhabilitados para acceder a la función o para permanecer en ella, conforme al ARTICULO 75 del Decreto 2485/92 y sus modificatorios.” El decreto y artículo a los que hace referencia la resolución disponen la forma de cubrir cargos jerárquicos titulares por concurso de oposición en su inciso 4.1.1. No obstante, y es escaso el margen para el asombro menos molesto, el Decreto 2485/92 del 13 de Septiembre de 1992 no menciona, ni tampoco hace lo propio la resolución 1405/05, la ley 10.579 en su artículo 81, la cual, sin los acostumbrados ambages burocráticos, establece: “Los concursos serán públicos y se realizarán en periodos no mayores de dos (2) años, salvo que existan aspirantes aprobados de otros concursos anteriores y por lo tanto no fuera necesario un nuevo llamado.” Pues bien, he allí carretadas de aspirantes aprobados de concursos anteriores que han cumplido con sus funciones por mucho más de dos años, y a los que la despreocupación de un Estado legalmente analfabeto y tan veloz como un caracol ahora desea, sencillamente, borrar tal cual se hace con los restos de tiza de la clase que ya acabó.

Jacob Taanmann: Cuando el maestro no mira. Sin datación, ca. 1900. Colección privada.

La inferioridad del derecho argentino, basado en el pesado entorno registral del cuerpo legal español, respecto de la índole jurisprudencial anglosajona hace que este tipo de dislates, en donde las leyes y decretos se desmienten entre sí de manera inhábil y se legisla sin atención a la jurisprudencia, de modo que la fortuna sonríe a los astutos en tanto la desgracia se abate sobre quienes no cuentan con la feliz representación legal adecuada, y esto en lo que al mismo tema o figura jurídica hace lugar, halla su corolario en el siguiente precedente legislativo, el cual, de no tratarse de una situación que jaquea el bienestar de tantas personas desprotegidas, movería a la sonrisa.  La Ley 11.577 convalidada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sobre titularización docente del 11 de Septiembre de 1992 promulgó una titularización masiva de cargos como medida de abrogación de las numerosas dificultades experimentadas por la situación docente en el territorio provincial, nada diferente a la catástrofe socioeconómica de la actualidad. El artículo 1 de la Ley promovía el acceso a la titularización, respetando las restricciones del decreto 2485/92: ARTICULO 1°: Facúltase a la Dirección General de Escuelas y Cultura a designar con carácter de titular de acuerdo a la reglamentación que ella misma dicte a tales efectos, a todo el Personal Docente Provisional que reviste en cargos jerárquicos a excepción de los de Asesoramiento e Inspectores Jefes, y siempre que los mismos se encuentren contemplados en los escalafones previstos en la ley 10.579 y el Decreto 2485/92. Para poder acceder a la titularización se deberá cumplir con los requisitos vigentes para los ascensos, en todo lo que sea compatible con la medida de excepción que establece el presente Decreto. La facultad comprende a cualesquiera de las ramas de la enseñanza, salvo aquellas en que se hubieren realizado concursos en los dos últimos períodos previos al dictado del presente. Entre los distintos considerandos y argumentaciones a favor, por una vez, de la sensatez, se incluía: “una inestabilidad laboral en la casi totalidad del personal docente jerárquico en las ramas de post-primaria, y serios inconvenientes en las demás.” Y, por cierto “la crónica irregularidad del sostén administrativo en el encuadre y estabilidad del personal docente, ha generado un continuo deterioro y desjerarquización del sistema educativo”.

Jean-Honoré Fragonard: La leçon de musique, 1770. Musée de Louvre.

No es usual hallar entre las cualidades de una medida reglamentaria la osadía de fallar explícitamente a favor del trabajador; el texto de la Ley 11.577 es una anhelada interrupción de la perversidad de ese hábito: “Que hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha sostenido que “El ingreso al cargo docente sin concurso previo no puede invalidar la adquisición del estado docente para sustentar la limitación de funciones, si no se demuestra que a la fecha de la designación estuviesen creados los registros de aspirantes al ingreso, ni la institución de jurados u organismos competentes.”. “Que agrega el máximo Tribunal: ” La época para los nombramientos del personal docente titular constituye una regulación impuesta a las autoridades competentes para efectuar las designaciones que no puede por sí sola trasuntar un menoscabo para el personal designado fuera de ellas.(Causa B-49.270, 5.11.85). Dado que hasta el más humilde de entre los estudiantes de leyes reconocerá la facultad de esta promulgación de sentar precedente jurídico en casos tan extremos como el de no haber mediado concurso para la obtención de un cargo docente, ¿cuál es, entonces, la validez de una medida que atenta contra el derecho adquirido de un trabajador de permanecer en el cargo para el cual se sometió a examen, fue aprobado y ejerció funciones a entera satisfacción, siendo el Estado responsable y culpable de no haber evaluado su desempeño en tiempo y forma?

Quizás no haya movido esta copiosa argumentación los ánimos de quienes no desean ser convencidos, quizás sea necesario apelar a un tipo más selecto de acicate en la literatura jurídica. El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires previeron, es lícito suponerlo, la cerrazón de las sordas burocracias: “Que asimismo, el advenimiento a jurisdicción provincial de un universo de docentes transferidos con una previa regularización de su situación de revista, constituye una sumatoria tal, que obliga inevitablemente a una solución única e integral de los problemas que acarrean las diferentes irregularidades que afectan tan profundamente la situación docente, y que plantean una opción en esta instancia, sin alternativas frente a un punto sin retorno en la desintegración del sistema educativo provincial.”

“Que la situación descripta torna apremiante la adopción de acciones de Gobierno necesarias para evitar consecuencias graves e irreparables, que redundará inevitablemente en forma negativa en la formación de generaciones y generaciones de bonaerenses.”

 

“Que dicha grave emergencia que la situación genera, otorga fundamento bastante al Poder Ejecutivo para recurrir a la vía excepcional del dictado de un Decreto de necesidad y urgencia que resuelva, sin más pérdida de tiempo, lo expresado.”

 

“Que para estas circunstancias, la Doctrina y Jurisprudencia más calificada, han admitido el dictado de actos de tal naturaleza, con cargo de dar cuenta oportuna de ellos a la Legislatura, en tanto se trata de algunas medidas que conllevan una regulación con rango de ley.”

“Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina.”

“Que en referencia a ello, se ha invocado “…el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo, cuando la necesidad se hace presente y la urgencia lo justifica, cuenta con el respaldo de la mejor doctrina constitucional. “(Cfe. BIELSA, Rafael, “Derecho Administrativo”, Tomo I, página 309; VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, “Derecho Administrativo”, Tomo I, página. 285 y siguientes). También la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado acogida (FALLOS, 11:405; 23:257).”

“Que la Provincia de Buenos Aires no ha quedado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder Ejecutivo entendió que se daban los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (Decretos 4423.84, 4424.84; 9246.86; 369.91, entre otros).”

“Que al respecto, calificada Doctrina Constitucional como la de Jorge VANOSSI, admite este tipo de medidas como forma de fortalecer la democracia, ya que se la hace eficiente y atenta a las necesidades de la sociedad (Cfe.”Jurisprudencia Argentina”, n°. 5539, 28.10.87) como asimismo a efectos de consolidar la idea del bien común (“Salus populi suprema lex est”) (Cfe. SAGUES, Néstor: “Derecho Constitucional y Estado de Emergencia”, La Ley, LIV-178).”

Antonio Zanchi: Abraham enseña astrología a los egipcios, 1665. Santa María del Giglio, Venecia.

La resolución 3169/09 de Oporto y Belinche jura defender dos derechos: el de los alumnos a acceder al conocimiento y el de los docentes a acceder a la estabilidad laboral, para lo cual, en un silogismo digno de peor causa, decide someterlos a un examen de oposición, como “mecanismo democrático” (sic). Oporto y Belinche afirman reconocer el derecho de todos los docentes a disfrutar de los beneficios de un cargo jerárquico (debe advertirse en este punto que el vocablo jerárquico en este contexto no designa al director ejecutivo de una empresa multinacional sino al de un trabajador de la docencia cuyas responsabilidades sobre una comunidad desorganizada y maltrecha exceden con mucho la ansiada recompensa), aunque esto es así con la condición de que el nombramiento provenga exclusivamente en el marco de la convocatoria a concurso, cuya pertinencia y sostén legal, su razón moral y su conveniencia social, económica y hasta política son privativas de la inescrutabilidad de las voluntades de Oporto y Belinche, así como también de la genuflexión de gremios como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (S.U.T.E.B.A.) y la Federación de Educadores Bonaerenses (F.E.B), quienes acompañan con gentileza las antojadizas interpretaciones de las leyes vigentes de los firmantes de la resolución 3169/09. Es justo aclarar que la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (U.Doc.B.A.) se ha opuesto a la realización de los concursos; aun así, su postura pudo y puede todavía ser más ardorosa. Sea como fuere, la utilización del adjetivo democrático por Oporto y Belinche estira los límites del lenguaje hasta sus extremos más alterados.

Hacia el final de sus considerandos, Oporto y Belinche sugieren la existencia de la Ley Provincial de Educación 13.688 en su artículo 69, incisos a) y e). El primero de los apartados sencillamente otorga a Oporto la autoridad para designar, promover o remover a su placer a cualquier miembro del personal de la Dirección General de Educación provincial, y de pedir la cabeza de los primogénitos que aquellos bajo su cargo hubieran engendrado o de nombrar cónsul a su automóvil, si ese fuera su deseo, con soberbia indiferencia hacia cualquier otra ley o reglamentación. El segundo, hace de su firma instrumento legal necesario y suficiente para que su capricho sea la envidia de Louis-Dieudonné de France, el Rey Sol.

Preceptor y su alumno, atribuido a Claude Lefebvre, ca. 1650-1700. Musée de Louvre.

No es un secreto que quien escribe estas líneas no pertenece, ni lo ha hecho en lo pasado ni incurrirá en ello en lo futuro, al peronismo, sino que más bien lo aborrece. Sin embargo, no aprueba, desde su insignificancia, las persecuciones, ni aun las de los peronistas. Tal vez no sea excesivamente abultado el número de militantes y simpatizantes del justicialismo que puedan dar razón del tenebroso origen de los concursos de oposición en los anales de la docencia argentina. El 12 de Septiembre de 1958 es promulgada la Ley de Educación 14.473, la cual es puesta raudamente en vigor el 27 del mismo mes. Aunque surgida de un gobierno técnicamente democrático, fue pergeñada durante el período conocido como Revolución Libertadora, cuyo último gobernante de facto, Pedro Eugenio Aramburu, había cedido el poder a Frondizi, triunfador en las elecciones de 1958 merced a la proscripción del peronismo, tan sólo con cuatro meses de anterioridad. La nueva ley, producto ideológico del antiperonismo de derecha, y en especial el novísimo sistema de concursos, fue usada como herramienta de purga política e instrumento de cacería de brujas muy en consonancia con el macartismo estadounidense.  La dificultad de hoy día no reside en la persecución o la proscripción, sino de la sobreabundancia de líderes, y aun de mártires, peronistas: tanto Hugo Moyano (quien apoyó el reclamo de U.Doc.B.A. por la titularización en al menos dos reuniones públicas en los meses de Mayo y Junio de este año ) cuanto Francisco de Narváez y Carlos Reutemann se confiesan, en algunos casos desafiando la credulidad del oyente, peronistas. Demasiados enfrentamientos internos y ajustes de cuentas operan en contra de los intereses del trabajador, amén de colocar en posiciones estratégicas a personajes de ínfima categoría. El gremio que brega por la titularización, encabezado por Miguel Díaz, se encuadra en la CGT de Moyano, en tanto que Roberto Baradel, de SUTEBA (quien no parece haberse anoticiado de que sus bases, a quienes dice representar con honestidad,  no suelen contemplar con alegría la amenaza de perder sus empleos) responde políticamente a la Central de Trabajadores de Argentina, de ríspida relación con Hugo Moyano. En enhiesto desdén a la capacidad de temblar del animal político que, de seguir a Aristóteles, es el ser humano, la diputada Sandra Mabel Cruz, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, admite, frente a las asombradas cámaras, no saber nada de educación. En una filmación hallable en un sitio muy popular de la red, no sólo puede contemplarse la inimputabilidad intelectual de Sandra Cruz, sino los rostros, a un tiempo arrogantes y aburridos, de los legisladores en cuyas manos los votantes han colocado sus destinos frágiles.

Rembrandt van Rijn: La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, 1632. Royal Picture Gallery Mauritshuis, La Haya.

Como quien se esfuerza por distinguir siluetas tras la bruma, es difícil comprender por qué se prolonga este pésimo remedo de autoritarismo, tan similar a las justificaciones esgrimidas por la dictadura de Videla para aplastar conquistas sociales en nombre de la eliminación de supuestos privilegios. No existe en la provincia de Buenos Aires un solo establecimiento educativo que no cuente con cargos vacantes: faltan directores, vicedirectores, secretarios, preceptores, bibliotecarios, en tanto los muros se derrumban, las aguas inundan los salones de clases en las jornadas de tormenta, los techos se desploman, los robos se multiplican, el vandalismo devora lo poco que con mucho esfuerzo se ha reunido. La clase media argentina, demasiado inclinada a bajar su cabeza ante los vencedores y a abofetear a los desprotegidos, agolpa a sus hijos en escuelas privadas, muchas veces religiosas, aun en contra de su propia convicción, con el explícito propósito de que los niños no sobrelleven asqueroso contacto con aquéllos que denominan, sin eufemismos cuando la confianza se adueña de las conversaciones, los negros. La educación religiosa en la Argentina es subvencionada por el Estado y debe ser sostenida por las espaldas de creyentes y no creyentes, feligreses e independientes, como una imposición medieval, a la vez que la pobreza de los arrabales recibe lo que la olvidadiza providencia consiente en, de a ratos, enviarle. De deber desprenderse de sus cargos, los docentes que no alcancen a titularizar desplazarían a los suplentes en las horas cátedra, lo que provocaría un aluvión de desempleo nada deseable en un país con más del setenta por ciento de su población económicamente activa ocupada en el Estado. Pocos han de haberse puesto a reflexionar acerca de las consecuencias sociales que se desatarían, precisamente, si no son seguidos los procedimientos que las leyes indican a favor del docente.

Nikolaos Gyzis: La escuela secreta, 1885–86. Emfietzoglou Collection, Atenas.

El 26 de Febrero de 2009 fue dado a publicidad el Decreto N° 134 del Poder Ejecutivo Nacional cuyo objetivo es el de crear un Legajo Único Nacional Docente administrado por el Consejo Federal de Educación, que contendrá la información de la situación de revista de los docentes de todo el país con el fin de garantizar los reconocimientos de sus servicios, de facilitar la movilidad interjurisdiccional, garantizar los derechos previsionales de quienes prestan servicios en diferentes jurisdicciones y de construir la base nacional de datos necesaria para la generación de convenios colectivos sobre condiciones de trabajo y formación docente, resolver en el lapso del ejercicio 2008 las distintas situaciones en el ingreso de docentes, generadas por incumplimiento de la legislación existente o por inexistencia de la misma en las jurisdicciones educativas, establecer los mecanismos y condiciones para que los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema, con las excepciones allí previstas, alcancen la titularidad de sus cargos, acordando que una vez finalizados los procesos de titularización que correspondan, la situación de revista, en todo el país se refiera a sólo DOS (2) opciones: titular o suplente, siendo excepcionales los interinatos desde la ocupación de la vacante hasta la implementación del concurso de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción.” En lo que toca a la titularización y regularización de la situación docente, el decreto se ocupó, en la segunda parte del Anexo 2, de resolver, como en un relato de ficción científica, un problema que, por simple desinformación o árida mala fe, sigue aún vigente: “Con respecto a los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema, en ejercicio al 31 de diciembre de 1998, que a la fecha del presente convenio no hayan podido ejercer su derecho a la titularidad en los cargos u horas que ocupan de modo ininterrumpido desde entonces —más allá de los cambios de denominación y cargas por reformas curriculares— pasarán, a partir del presente acuerdo, a revistar en la planta permanente como titulares con todos los derechos y obligaciones que le corresponden.”

“En las jurisdicciones donde existan, al momento de la suscripción del presente acuerdo, instancias legislativas, paritarias u otros modos de negociación referidos a este tema, con participación activa de organizaciones sindicales docentes, operarán los acuerdos alcanzados en la jurisdicción, en un plazo que no exceda la finalización del presente año calendario. Caso contrario se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.”

Becky Alden: Para la maestra, 2008. Colección de la autora.

El decreto está firmado por Cristina Fernández y los ministros Carlos Tomada, de la cartera de Trabajo, y Juan Carlos Tedesco, de Educación. En tanto afectan sólo a cargos de base, se aduce que no pueden aplicarse a las situaciones jerárquicas (quizás se entienda desde el justicialismo que se trata ese vocablo de una mala palabra), lo cual coloca, ya en relación de fatiga con el ridículo, a la Argentina a la cabeza del hazmerreír jurídico del planeta, toda vez que en ocasión nada lejana un mismo presidente de este país fomentó un juicio ejemplar a las juntas militares para luego promover lo que fuera la antesala de su indulto. Desde la colectividad gremial se escuchan sólo voces aisladas, y ningún representante legal ha querido o podido reunir la vasta legislación favorable y recurrir a una instancia superior. Debo temer que el peronismo no defraudará, por enésima oportunidad, mis temores más recurrentes.

En el año 2006, a escasos meses de su asesinato, Carlos Fuentealba fue elegido por sus estudiantes, como el rey del colegio: el mejor profesor, el más amigable, el más justo, el más accesible, el más amable, el más amado. No murió en una conjura de palacio, sino entre clase y clase, cargando la taza de café por entre las aulas polvorientas, viviendo de prisa, engullendo el alimento de pie, inmerso en correcciones, ansiando el día de pago, despertando dormido en las madrugadas, durmiendo sin sueño, soñando con hambre, derramando con agotada resignación ese fulgor que llaman juventud y que las comisiones y los decretos se ufanan de retribuir con céntimos, porque aquellos súbditos a los que Carlos Fuentealba, el rey, debía instruir en las indigentes horas de química, a nadie importan, y su rey, menos aún. El rey ha muerto; que muera, entonces, el rey que le sigue.

Hadrian Bagration